| El Cabildo de Zimapán aprueba por unanimidad un procedimiento administrativo para cerrar, definitivamente, la planta de confinamiento.
Por unanimidad de votos, el Ayuntamiento de Zimapán acordó iniciar un nuevo procedimiento administrativo para clausurar de forma definitiva el confinamiento de desechos tóxicos y peligros construido en el ejido de Cuauhtémoc, en esta demarcación municipal, propiedad de la empresa Desarrollo de Sistemas Sustentables, S.A. de C.V. (SDS), filial de la compañía española Befesa en México.
Esta acción administrativa se inicia en virtud de que a la empresa SDS, se le venció el plazo que constitucionalmente tenía garantizado y no respondió a la clausura temporal realizada el pasado 3 de junio.
El presidente municipal, José María Lozano Moreno, dijo que se da un nuevo paso jurídico y legal para dar por terminado el conflicto social iniciado en el año del 2005 con la construcción de este complejo y cumplir lo solicitado por la población: evitar que funcionará el confinamiento e impedir que Zimapán se convierta en el basurero industrial más grande de América Latina.
En sesión extraordinaria de cabildo, convocada para el mediodía de ayer, los miembros de la Asamblea municipal ratificaron su voto emitido en enero de 2010, cuando se inició el proceso administrativo en contra de la empresa y su negativa a que esta planta funcione en territorio zimapense. Acción que consistió, en primer lugar, en anular los permisos que le otorgó de forma ilegal la administración priista del gobierno anterior y el pasado 3 de junio, con la clausura temporal de la empresa.
Sin distinción de partidos, los asambleístas votaron a favor de la medida y se espera concluya en los próximos días, con la clausura definitiva.
Los miembros del ayuntamiento presentes fueron: el presidente municipal, José María Lozano Moreno; la síndico procuradora, Nora Olivera Ramos, y los regidores, Carmen Lozano Moreno, Margarita Hernández Labra, Pedro Doroteo Trejo, Alejandra Rojas Álvarez, José Cruz Gutiérrez, Modesta Luna Gómez, Jaime Muñoz Trejo, Diego Jesús Sánchez Rangel, Juan Alvarado Hernández y Efraín Andrade Bautista.
Con este nuevo procedimiento, se ha tenido el cuidado de sustentar jurídicamente las acciones administrativas correspondientes y prueba de ello es que la empresa no ha podido ni querido responder jurídicamente a las acciones de la autoridad municipal.
Apenas el pasado 4 de junio, el ayuntamiento anunció que comprobó que SDS realizaba algunas actividades al interior del confinamiento sin contar con la licencia o autorizaciones correspondientes otorgados por la autoridad municipal, por lo que se procedió a la clausura temporal.
Se encontró a cinco personas laborando, algunas de ellas con ropa de trabajo y dos vigilantes, en muestras químicas el laboratorio; en las oficinas, computadores encendidas y artículos personales del personal en los escritorios; la planta de tratamiento de agua funcionando y residuos en los depósitos de agua. En cuanto a la celda, aunque no se encontraron rastros de que se hallan depositados materiales tóxicos y peligros, sí rastros de las actividades que se han realizado en ese lugar.
Los sellos de clausura temporal fueron colocados en las puertas de acceso a la empresa y en cada una de sus áreas de la planta.
Respecto a la acción de la autoridad, el asesor jurídico Luis Miguel Correa Bugarín dijo entonces que la empresa contaba con cinco días para responder a la acción de la autoridad municipal, pero la repuesta nunca llegó, por lo que se procedió a la clausura definitiva.
Controversia legal
El 11 de diciembre del 2009, las empresas españolas Befesa-Abengoa, S.A. y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES, S.A.) presentaron una solicitud de arbitraje exigiendo al Estado mexicano el pago de 96 millones de dólares más intereses por la imposibilidad de operar la planta, violando el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre México y España.
En un documento del Sistema de Coordinación de Asesores, con folio SCE-INFP-03-10, señalan que la solicitud de arbitraje se hizo en septiembre de 2009 y la SE ingresó la demanda a su despacho jurídico el 11 de diciembre de 2009. Befesa-Abengoa mantiene una controversia laboral con el gobierno mexicano por 31 millones de dólares, más intereses generados desde febrero de 2008 a la fecha, por impedir la operación de la planta de confinamiento. |
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