| Una portavoz de Brenntag declinó ayer hacer comentario alguno con respecto al posicionamiento de la Fiscalía de Pontevedra con respecto al accidente medioambiental que provocó un vertido químico al Umia en septiembre del 2006: «En este momento, Brenntag no va a realizar valoraciones ni declaraciones con respecto a este tema», precisaron desde la compañía química.
La acusación pública considera a esta empresa, junto con la aseguradora AIG Europe, responsable civil subsidiario a la hora de afrontar los aproximadamente diez millones de euros que se solicitan a modo de indemnización a las tres personas que, previsiblemente, se sentarán en el banquillo de los acusados.
Por lo pronto, el juzgado que durante estos cinco años ha instruido esta causa por delito medioambiental, el número dos de los de Caldas de Reis, ha resuelto ya una serie de recursos relativos al procedimiento judicial y ha decretado la fase de apertura de juicio oral. Dadas las penas que se solicitan por este tipo de cargos, el caso será asumido en breve por uno de los juzgados de lo Penal de Pontevedra.
En principio, se estima que, solo por la parte de la Fiscalía de Pontevedra, tendrán que declarar como testigos un total de 38 personas. Entre ellas se encuentran, además de guardias civiles adscritos al Seprona, la treintena de afectados o los representantes legales en el caso de empresas que dejó tras de sí el desastre medioambiental.
Una decena de peritos
Por otro lado, y a la hora de sustentar buena parte de las acusaciones, el ministerio público ya ha comunicado al juzgado de Instrucción y a las defensas que tiene intención de llamar a declarar a diez peritos. La nómina comprende desde expertos de la Guardia Civil en materia de incendios y productos químicos hasta técnicos de la Consellería de Medio Ambiente especializados en desarrollo sostenible.
Además, se espera contar con personal del departamento de Edafología y Química Agrícola de la Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela. |
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