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LEGISLACIÓN

Las claves para entender la Ley de Economía Sostenible.

El Mundo Madrid. []

 

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Seis meses después del anuncio de Zapatero, el Gobierno aprobará hoy el proyecto de ley de economía sostenible con el que pretende canjear el modelo de crecimiento del ladrillo tradicional por el de la tecnología y la innovación, la formación y la energía medioambiental. ¿Qué es en realidad la ley de economía sostenible? Salvo sorpresas de última hora, se trata de una norma ómnibus, es decir, una ley programática que incluirá un conjunto de otras leyes que necesitarán un desarrollo posterior. Eso sí, todo ello envuelto en papel celofán para que parezca que el Gobierno tiene un plan para cambiar el modelo productivo después de cinco años en el poder y de dos de la peor crisis después de la Guerra Civil. Puede convertirse en una carta a los Reyes Magos, es decir, de meras intenciones. ¿Cómo se ha elaborado? El Gobierno ha hecho lo mismo ahora que cuando elaboró el PlanE al es-tallarle la imprevista crisis. Es decir, ha cogido todos los proyectos y de-sarrollos de leyes pendientes para meterlos todos en un mismo saco y confeccionar una ley similar a un cajón de sastre. Pero hay que averiguar cuál será el modelo, se supone que la creación de ese nuevo patrón que genere mucho empleo. Sobre todo, porque el proyecto no está consensuado con los partidos, sindicatos y patronal, y menos aún con los 17 gobiernos autonómicos que, por ejemplo, tienen paralizada la liberalización de los servicios. ¿Se puede diseñar un cambio de modelo por ley? Técnicamente, a esto se llama planificación y de eso ya sabe este país pero con otro sistema político. En un sistema de libertad de mercados, no sirve de nada programar la economía. El modelo no lo puede crear nunca un Gobierno. Son los agentes económicos, empresas, sindicatos, entidades e instituciones las que deciden el modelo con su actividad. Al Gobierno sólo le compete crear las condiciones necesarias para que ese modelo funcione. Hace falta un pacto de Estado. ¿Qué incorpora esta norma? En realidad, ideas nuevas o geniales no hay. Conviene saber que la intención de adaptar España a un modelo de economía sostenible ya estaba en el programa electoral del PSOE de 2004 para atender una iniciativa que nació en el seno de la UE. La denominada Estrategia Española de Desarrollo Sostenible la elaboró la Oficina Económica del Presidente en 2007. Pero nunca se puso en marcha. Zapatero ha dicho que el Estado pondrá 10.000 millones para que se lleve a cabo y espera que el sector privado aporte otra cifra similar en dos años. ¿Qué medidas contempla? Ese documento de Moncloa ha sido actualizado y edulcorado con otras normas. Algunas ya estaban en vigor y no han funcionado. Por ejemplo, la de reducir las trabas administrativas para crear empresas o la de evitar la mora de los ayuntamientos ya figuraban en el PlanE. También la supresión de la deducción fiscal para las viviendas, que ya se anunció en mayo. La mayoría de las medidas son de mero sentido común y lo que resulta insostenible es que ahora, con la que está cayendo, se proponga favorecer la competitividad y la internacionalización de las empresas o potenciar el ahorro energético. Son obvias. ¿Se reformará el sistema financiero? Zapatero ha dicho que modificará la supervisión y las reglas de funcionamiento. Pero las cajas seguirán en manos de los políticos. ¿Habrá reformas estructurales que liberalicen los mercados? Por lo que se sabe hasta ahora, parece que no. Zapatero prometió hace un año a Rajoy un pacto en este sentido del que nunca más se supo. Es decir, no se contemplan reformas laborales, de horarios comerciales, de la distribución, de la comercialización de gasolinas o del transporte. Es realmente lo que daría más competitividad a la economía y crearía más empleo. ¿Creará empleo esta Ley? Es imposible saber si este modelo, que puede tardar una decena de años en estar operativo, es capaz de crear empleo a medio plazo. Lo que está claro es que la tecnología no necesita la mano de obra intensiva de la construcción. Y para volver a las tasas de empleo de 2007 habría que crear 1,6 millones de puestos.

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