La Fiscalía concluye que hubo un delito ecológico en el incendio de Brentag y sus vertidos al río Umia
Faro de Vigo. Pontevedra. [29/05/2010]
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Cuatro años después del siniestro, pide al juzgado que abra un proceso y se prepara para formular acusación contra varias personas
La Fiscalía Provincial de Pontevedra acaba de dar un paso decisivo para depurar responsabilidades por el accidente que destruyó las instalaciones de Brenntag en Caldas de Reis y que provocó un vertido de productos químicos al Umia que tuvo fatales consecuencias sobre este cauce fluvial. Casi cuatro años después del siniestro y tras recopilar numerosa información acerca de lo sucedido aquel mes de septiembre de 2006, el Ministerio Público ha remitido al juzgado de instrucción número 2 de Caldas de Reis un informe en el que solicita la transformación de las diligencias previas de investigación abiertas por este suceso en un procedimiento abreviado al considerar que existen indicios claros de que se pudo cometer un delito contra el medio ambiente, según indicó el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro.
El incendio que destruyó la planta y que posteriormente generó el vertido en el Umia se produjo durante la operación de descarga de un camión cisterna que contenía tolueno, según informó en su día la propia empresa. No hubo daños personales, pero sí cuantiosas pérdidas materiales –ya que el fuego arrasó las instalaciones de Brenntag– y tuvo un grave impacto medioambiental.
Tras solicitar al juzgado que transforme el expediente en un procedimiento abreviado, el fiscal especializado en delitos contra el medio ambiente, David de la Fuente se prepara para formular acusación contra los supuestos responsables del accidente. No obstante, desde el Ministerio Público evitaron concretar quienes serán las personas que resultarán imputadas hasta que elaboren su escrito de acusación y lo entreguen tanto al juzgado como a los propios interesados.
Además de la contaminación que sufrió el río y de la mortandad de la flora y la fauna, la toxicidad de las sustancias derramadas al río obligó a cortar el suministro de agua potable a unos 100.000 habitantes de la comarca de O Salnés. Para frenar la mancha tóxica que avanzaba por el Umia fue necesario ejecutar obras de urgencia como tres diques que evitaron que los productos químicos vertidos en el río llegasen a la comarca arousana.
Además, para devolver el suministro a las poblaciones del curso bajo del río fue necesario construir una canalización que captaba el agua en Veigas de Almorzar, en Caldas –un punto en el cauce del río situado antes del lugar en el que se produjo el vertido– y la llevaba hasta la depuradora de Ponte Arnelas.
Ocho millones en obras
El proceso judicial que ahora recibe este importante impulso también deberá aclarar las responsabilidades civiles por los daños causados por el accidente. En este sentido, las últimas informaciones apuntaban a que sólo la Xunta reclamaba a la empresa unos 8 millones de euros, cantidad que todavía no estaba cerrada, por el coste que tuvieron tanto las obras para frenar la mancha contaminante como la construcción de este 'by-pass' que permitía suministrar agua potable a la comarca de O Salnés.
El incendio provocó también el cierre de la fábrica en Caldas y su traslado a Portugal.
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